EL NEGOCIO DE LA REINSTALACIÓN

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Luis Fernando Mack

“El verdadero negocio es que te despidan para buscar que te reinstalen con todos los sueldos caídos” anónimo

Escuche por primera vez la frase que sintetiza este análisis de un colega trabajador de la administración pública, refiriéndose a que en vez de evitar que se le despidiera, había que buscar afanosamente ser incómodo para las autoridades de la institución, de manera que provocara un despido. Posteriormente, conectándose con el abogado correcto, se empezaría una demanda contra la institución, confiados en que los abogados del Estado frecuentemente son tan negligentes, que lo más probable es que finalmente se ganara el caso; mejor si fuera varios años después, para que al final del proceso, se recibiera una cuantiosa suma de dinero de todos los sueldos caídos, aún cuando durante todo ese tiempo, no se hubiera laborado en la institución. Y el negocio redondo era aún mejor: si durante el tiempo del proceso, el litigante consigue un trabajo adicional, el tiempo fuera de la institución sería simplemente un ahorro significativo: un equivalente a ganar la lotería en plena crisis.

La primera vez que me enfrenté a esta situación, fue cuando ejercía la función de gerente de la única institución que he tenido el honor de dirigir: el Instituto Nacional de Administración Pública. En ese entonces, derivado de las acciones de un antecesor, el INAP había sido demandado por un extrabajador, que había alegado despido injustificado. Luego de varios años de un proceso terriblemente mal llevado por los abogados del Estado, finalmente la demanda terminó favoreciendo al trabajador, con lo cual se le tuvo que reinstalar. Justo al mes de la reinstalación, el susodicho pidió la jubilación, y se retiró con miles de quetzales en la bolsa. Lo peculiar de este caso en particular, que conocí de primera mano, es que el demandante había sido contratado en su momento bajo una plaza exenta, es decir, un puesto de confianza para el que entonces tenía la autoridad de la institución, por lo que se le contrataba sin la necesidad de demostrar idoneidad ni capacidad para el mismo. Técnicamente, una plaza exenta también es libre de remoción, pero debido a las fallas del proceso, la decisión del juzgado finalmente benefició al trabajador, que por lo que supe, no era precisamente el más diligente ni el más capaz: se aprovechaba que se había sindicalizado, para evadir los controles de las autoridades, por lo que su rendimiento era francamente deficiente.

En la administración pública guatemalteca, existen muchas paradojas similares: algunos trabajadores se aprovechan de las deficiencias institucionales y el frecuente desconocimiento de las autoridades con respecto a los procedimientos y leyes laborales, para sacar una jugosa compensación. Igualmente, muchos trabajadores se aprovechan de los pactos colectivos ganados, para garantizar la inamovilidad y la prácticamente incapacidad de las autoridades de exigir un servicio público de calidad.

Lamentablemente, estas excesivas prerrogativas y protecciones laborales tienen un origen muy claro y contundente: también es cierto que muchas autoridades se han aprovechado de su poder, para favorecer a sus allegados y castigar o ignorar a quienes no pertenecen a su círculo de protegidos, de manera que frecuentemente ejercen un poder despótico sobre sus subordinados, obligándolos muchas veces a sufrir atropellos, amenazas y malas condiciones laborales. Los sindicatos en el Estado nacieron de hecho para frenar o contrarrestar muchos de estos abusos, por lo que en su origen, su fin era loable. En el camino, muchas autoridades simplemente pactaron con dichos sindicatos, para hacerles partícipes de sus múltiples prerrogativas y beneficios. De esa cuenta, numerosos sindicatos pasaron de ser defensores de los trabajadores, a ser cómplices de los abusos de poder de quienes al inicio, los explotaban.

Descubrí esta complicidad en carne propia en el INAP: pese a que en mi gestión, jamás despedí a ningún trabajador, sino solamente a directivos -que supuestamente, eran personal de confianza-, recibí entonces una amenaza de toma de las instalaciones por parte de un sindicato aliado al del INAP, conflicto que finalmente nunca se llegó a concretar.

La administración pública guatemalteca está llena de paradojas similares, por lo que frecuentemente los buenos trabajadores son multados, perseguidos, controlados y finalmente despedidos sin compensación, mientras que otros se dedican a tener vacaciones pagadas, con sueldos exorbitantes, trabajos mediocres y jugosas recompensas, haciendo válido el razonamiento: si por trabajar bien o mal, se paga igual, es mejor atenerse a la ley del mínimo esfuerzo. Lamentablemente, estamos lejos de comprender y resolver la maraña de obstáculos y procesos inútiles en las que está atrapada la administración pública guatemalteca.