Desde hace un tiempo hemos visto la reconfiguración de las estructuras criminales que han cooptado el Estado. Ese esquema de corrupción e impunidad se vuelve más fuerte cuando el Ministerio Público, con sus acciones, pareciera estar al servicio de la mafia como ocurre en la actual administración dirigida por la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta.
Lo anterior lo decimos por las acciones emprendidas por Porras en contra de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que sin duda alguna lo que buscan es debilitar a la Fiscalía para que deje los casos de alto impacto en manos de otras fiscalías que no tendrán el ahínco para lograr una sentencia.
Porras decidió trasladar el caso de una posible conspiración en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que tenía la FECI, a la Fiscalía de Delitos Transnacionales pese a que ya existían avances en las pesquisas por parte de la FECI.
Además decidió que la investigación por narcotráfico del caso La Línea denominada “Consolidadores”, la cual estaba a cargo de la FECI, fuera trasladada a otra Fiscalía.
Por si esto fuera poco, el MP sancionó a dos fiscales de Asuntos Internos por desestimar una denuncia en contra de la titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Por todas estas acciones estamos de acuerdo con las 78 organizaciones de la Sociedad Civil que denunciaron que el actuar de Consuelo Porras contra la FECI es parte activa en la “estrategia de regresión democrática que vive el país”.
La semana pasada también vimos como Consuelo Porras, además de las acciones que emprendió contra la FECI, declaró lesivo el contrato para la compraventa de un edificio en la zona 5 durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana. Porras se basó en documentos de la Contraloría y la PGN, que de sobra se sabe sirvieron para truncar las aspiraciones políticas de Aldana.
El MP de Porras trata de quedar bien con las estructuras criminales que buscan a toda costa enjuiciar y perseguir a Aldana por los casos que fueron descubiertos en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esto demuestra que la administración de Porras busca mantener la cooptación que por décadas han tenido las estructuras criminales en el Estado. Pareciera que los pasos que da este MP son sobre arenas movedizas ya que cada vez se hunde más.
Sin lugar a dudas la Fiscal General, Consuelo Porras, como operadora política, ilustra perfectamente cómo se mantienen los privilegios de los corruptos y de aquellos que a toda costa buscan impunidad.
¡Consuelo Porras renuncie ya!
