“En la crisis, se consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad”. John F. Kennedy.
Los adjetivos más recurrentes con los que siempre se describe a la institucionalidad del Estado guatemalteco es la de “débil”, “ineficiente”, “desordenado”, “abigarrado”, “inútil”, “amenazante”, y un sinfín de frases similares que demostrarían la percepción mayoritaria sobre su evidente inadecuación, y sobre el malestar que produce la acción institucional del Estado, el cual está plagado de inconsistencias, trámites inadecuados, contradicciones e inadecuaciones por doquier. En general, la acción pública está atrapada en un gigantesco dilema del prisionero: todos quisieran que cambie, pero nadie tiene incentivos reales para que esto se produzca.
Los empresarios, ávidos de conseguir ganancias rápidas, con pérdidas mínimas, necesitan un Estado Débil y desestructurado para multiplicar sus negocios, ya que aunque la Institucionalidad del Estado es ineficiente en general, puede ser usada para promover leyes que les otorgue la ventaja comparativa, utilizar los recursos públicos para obtener comisiones y ganancias adicionales en la sobrevaloración de los bienes y servicios, en la millonaria danza de concesiones y obras públicas que simplemente están pensadas para socializar las pérdidas, y privatizar las ganancias. La concesión por 25 años de la carretera Escuintla – Puerto Quetzal parece encajar perfectamente en ese esquema de negocios perversos, en las que la institucionalidad del Estado está al servicio de los intereses de quienes gobiernan.
Los políticos, ávidos por demostrar supuestos logros inexistentes, se han aliado a los grupos empresariales rapaces, por lo que maquillan las cifras, adornan los discursos, y producen repetidamente acuerdos, anuncios y programas destinados únicamente a engañar a los pocos crédulos que aún existen por ahí. La mayor parte de la ciudadanía simplemente resiste la andanada de promesas vacías, informes cargados de buenas noticias inventadas, y de impulso de políticas públicas que se acumulan en el portal de Segeplan, sin que nadie realmente les ponga atención o les conceda algo de credibilidad. Ningún político ni partido en el gobierno, realmente se ha tomado en serio nunca la tarea de impulsar un verdadero plan de modernización y reforma del Estado.
Los sindicatos del Estado, originalmente creados para protegerse en medio de tanta maldad, descubrieron que no corrían peligro, si se convertían en los cómplices de los malvados. Ahora, simplemente se dedican a mantener sus privilegios, para lo cual no dudan en callar los abusos y excesos, a cambio de jugosas concesiones: condiciones laborales con mínimas cargas y responsabilidades, jugosos bonos y aumentos periódicos, y lo más importante: la inamovilidad, no importante que tan corruptos, ineficientes o indeseables sean.
Los ciudadanos, por su parte, actúan de forma diferenciada: la mayoría, simplemente viven a espaldas de la institucionalidad, gracias a las numerosas redes de importación de bienes, que pasan por las fronteras sin pagar impuestos de importación; acuden a los mercados buscando productos lo más barato posibles, para lo cual no dudan en apoyar la evasión de impuestos, favoreciendo ampliamente el comercio informal, por encima del legalmente instituido. En su diario vivir, el ciudadano aprendió que no debe esperar nada del Estado, por lo que simplemente vive de forma paralela a la institucionalidad, intentando siempre evadir, engañar y si fuera el caso, enfrentar y desafiar las disposiciones oficiales.
Un grupo selecto de ciudadanos, sin embargo, se convierten en cómplices de los empresarios corruptos y los políticos inescrupulosos: no dudan en callar los excesos, y cuando llegan un familiar o amigo a algún puesto clave, no dudan en aprovechar el despilfarro, obteniendo igualmente ganancias que de otra forma, serían imposibles.
En la práctica, no existe ningún sector que verdaderamente esté interesado en transformar la institucionalidad del Estado, por lo que pese a que las quejas y los reclamos son repetidos de forma periódica y sistemática, en realidad, la inercia anómica prevaleciente, determina que aunque todos quieran cambiar, en realidad, nada cambie. Parece que estamos condenados a repetir nuestros errores, una y otra vez, hasta que realmente todos los sectores se percaten que no hay que buscar más culpables: parece que todos lo hemos sido por demasiado tiempo.
