El derecho a la salud

Luis F. Linares López

Iniciamos nuestras colaboraciones con EPICENTRO GT abordando el tema del Estado necesario. De ese Estado – ahora inexistente a la luz de sus resultados – que tiene como una de sus funciones esenciales proporcionar a toda la población los servicios esenciales para proteger su vida.  Esto no incluye solamente la seguridad.  Comprende, de manera destacada, la salud, educación, seguridad social y vivienda. Estos servicios son un componente fundamental para vivir con bienestar. Y son, algo no menos importante, derechos humanos.

La protección del derecho a la salud por el Estado guatemalteco es precaria, lo que pone en evidencia la crisis del COVID-19.  Una de las razones principales para prolongar el encierro más allá de lo que puede aguantar la inmensa mayoría de guatemaltecos, es evitar el colapso del sistema hospitalario.  Ya se vio que muchos países, con sistemas de salud más sólidos, se vieron desbordados cuando alcanzaron 100 mil o más contagiados. Aquí llevamos 13,145 (21/6/20) y los hospitales llegaron al límite.  Vale la pena señalar que en España al sistema público de salud es llamado la “joya de la Corona”, pero su calidad se había deteriorado por recortes presupuestarios y la precarización de los contratos del personal, entre otros factores. 

Ahora varios países europeos reconocen el error de reducir la cobertura pública para incrementar la prestación privada.   No obstante ello, en 18 de los 28 países de la Unión Europea el sector público cubre 70 % o más del gasto en salud, llegando en Alemania al 85 %, lo que explica la relativa tranquilidad con la que ese país enfrenta la pandemia. Lo más parecido que tenemos en Centroamérica es Costa Rica. El gasto público cubre 73 % – cubierto casi en su totalidad por la seguridad social – y el gasto privado (gasto de bolsillo o de los hogares) al 27 %.  En Guatemala el gasto público (incluyendo el IGSS) cubre el 38 % y el privado el 62 %.

Con un ingreso promedio mensual de la población ocupada – según la encuesta nacional de empleo e ingresos (ENEI) de 2019- de Q2,325 – Q2,666 para los empleados privados  y Q1,688.02 para los trabajadores por cuenta propia –  que no alcanza siquiera para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, se explica por qué más de la mitad de la población es pobre y, salvo los afiliados al IGSS, dependan de un sistema público de salud que está entre los peores de América Latina en número de camas, de médicos, enfermeras, etcétera, por cada 1,000 habitantes.

Para cubrir el costo de los servicios privados de salud – que son desproporcionados para la realidad del país – la clase media pasa enormes apuros. En España un día en una unidad de cuidados intensivos  (UCI) cuesta 1,800 euros, equivalentes a Q15,500. En Guatemala cuesta casi lo mismo (Q15,000). De manera que una estancia de 20 días en una UCI cuesta alrededor de Q310,000 en España y en Guatemala.  El ingreso promedio en España asciende a 26,000 euros (Q223,860).  Un español necesita el equivalente de 1.4 años de ingreso para pagar esos 20 días. En Guatemala, poniendo el salario promedio anual que reporta la ENEI para el trabajador de una gran empresa – de más de 200 trabajadores – con aguinaldo y Bono 14 incluido, de Q52,374, necesita el ingreso de seis años para pagar un servicio similar.  La salud pública para todos es entonces un imperativo moral.

Luis F. Linares López