“En muchas ocasiones, (en la aplicación de la Carta Democrática Iberoamericana) se continuaba preservando el principio de no intervención, limitando la intervención exterior y haciendo de la Carta un instrumento vago y abierto” (Neus Ramis)

El 22 de noviembre, el gobierno de Guatemala invocó la carta Democrática Iberoamericana (CDI) de la OEA como una medida para “la preservación de la democracia en Guatemala”, ante la “grave amenaza institucional” en la que se encuentra la nación, acorde con el artículo 17 de la Carta: “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” (Art. 17).

Como respuesta a su invocación, la OEA ha enviado una misión de alto nivel que permitan recabar información sobre la situación que vive el país, tal como lo estipula el art 18 de la Carta; dicha misión está encabezada por el argentino Fulvio Pompeo, un exfuncionario que descrito en el 2015 como el “monje negro” del gobierno de Mauricio Macri (Paula Giménez y Matías Caciabue).

En el pasado, se han invocado 12 veces la carta democrática iberoamericana de la OEA: en Venezuela en el 2002 y 2016, en Bolivia en el 2002, 2005 y 2008, en Ecuador 2005 y 2010, en Honduras en 2009, en Perú en 2004, en Nicaragua en 2004 y 2005 y 2019. El caso más reciente de las misiones de la OEA derivado de la aplicación de la CDI fue Nicaragua en el 2019, en el que la evaluación de la misión reconoció un rompimiento del orden constitucional en Nicaragua y recomendó que se tratara ese tema en la asamblea de la OEA. Posteriormente, se recomendó que el gobierno de Daniel Ortega garantizara los DDHH y reformas electorales que permitan la transición a la democracia mediante elecciones limpias; sin embargo, debido a que las resoluciones de la OEA no son vinculantes, no pasó nada en Nicaragua: la situación política y social permanece igual.

De hecho, la mayor sanción que puede derivarse de la aplicación de la CDI de la OEA es la suspensión del País del foro regional, hecho que ya ocurrió en el pasado con la crisis de Honduras en el 2009, única medida que podría impactar negativamente en la economía y la política guatemalteca: “La suspensión de la OEA convierte al país en un paria regional y le impide participar en los diferentes organismos del sistema interamericano, lo que supondría un obstáculo formidable para perseguir sus prioridades en política exterior”, incluyendo suspensión de préstamos o ayudas internacionales tales como las del Banco Interamericano de Desarrollo: “El directorio del BID tienen la autoridad final para suspender los desembolsos a un país prestatario, como ocurrió con Honduras en 2009” (El regio).

Para que la suspensión cobre vigencia, se debe seguir un procedimiento que se contempla en el articulo 21 del instrumento regional: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato” (Artículo 21, CDI).

El problema de la OEA es que la polarización ideológica que divide al continente ha conllevado una larga lista de controversias sobre las resoluciones del organismo regional, especialmente los referidos a los casos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por lo que se ve muy difícil que la OEA asuma una postura radical en el caso guatemalteco, aspecto que juega a favor del gobierno de Giammattei, quien tiene mucho que ganar y poco que perder con la visita de esta misión de alto nivel.

Epicentro GT

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