Por Walfre Gracía

Fotografía Luis Soto

Prestar el servicio requiere planificación, recursos financieros e interés. Y mucho diálogo con las comunidades.

Cada cuatro años la promesa de dotar de agua potable a las comunidades brota en los discursos de quienes buscan un puesto de elección popular.

Los candidatos ediles ofrecen soluciones que van desde la separación de aguas grises de las jabonosas hasta la construcción de los tanques de tormenta para captar la lluvia y luego distribuirla.

Cumplir con estas promesas requiere que el alcalde conozca el problema, identifique qué hacer y cuente con los recursos humanos y financieros para lograrlo.

Sin embargo, advierte Selvin García Velásquez, exalcalde de Pachalum (Quiché) de 2003 a 2011, y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) durante 2006-2008, algunos no tienen la capacidad para administrar los proyectos, otros no saben cómo funciona y por eso prefieren enfocarse en otras ofertas electorales.

“No comprenden lo que implica administrarlo y el costo político es muy alto. Para ellos, el pago del agua es un gasto no una inversión. De los 340 municipios diría que el 60 por ciento está en esa situación.

«El problema del agua es histórico debido a la ausencia de legislaciones, políticas e instituciones a cargo de este tema»

Miguel Castillo, experto en temas municipales.

No tienen la exclusividad

Lisamaría Santos, del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar, refiere que primero se debe analizar lo contemplado en el artículo 68 del Código Municipal sobre la obligatoriedad municipal de proveer el servicio.

Y aclara que el término “abastecimiento domiciliar de agua” no radica forzosamente en llevar una conexión de chorro dentro del hogar.

La investigadora social lo define como un servicio público donde las municipalidades deben proveer agua potable y clorada a los hogares. Indica que el abastecimiento es un problema complejo porque intervienen elementos de tipo político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural.

Por lo que el diálogo entre gobierno central, municipalidades, consejos comunitarios y pobladores podría ser la clave para solucionarlo.

“No es lo mismo que se aborde en Fraijanes o San José Pinula, ambos en el departamento de Guatemala, a que se toque en otros municipios como los del sur.

Cada quien tiene una conflictividad diferente”, agrega Miguel Castillo, experto en asuntos municipales. “El problema es histórico debido a la ausencia de legislaciones, políticas e instituciones a cargo».

Santos coincide en que es un asunto complejo y que en el ámbito académico se identificaron otros aspectos relacionados con la prestación de servicio como carecer de recursos financieros y personal capacitado para prestar el servicio, falta de voluntad política y supervisión del gobierno central, disponibilidad hídrica, así como negativa de algunas comunidades a clorar el agua y pagar por el servicio.

“El agua es el asunto que quizá genera mayor conflictividad”, resume Castillo. De acuerdo con el analista, la conflictividad traspasó el tema gubernamental y ahora se da prácticamente entre las comunidades. En la provincia, por ejemplo, se cobran entre sí el paso de los ríos.

Momento oportuno

El exalcalde de Pachalum admite que administrar el agua “es un tema muy polémico”.

Las municipalidades pueden crear una empresa que controle el abastecimiento y distribución del líquido, concesionar el servicio a comités o Cocodes para que lo administren o bien, que sea un ente privado quien lo preste bajo supervisión municipal.

Las municipalidades deben abastecer agua potable debidamente clorada a las viviendas. Artículo 68, Código Municipal, decreto 12–2003.

Los jefes ediles que tienen bajo su responsabilidad administrar el servicio “optan por perforar pozos porque traer el agua es muy caro”. El problema, reitera García, está en que algunos no tienen la capacidad para dirigir los proyectos.

Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva (2012–2020) y también expresidente de la Anam, considera que también deben identificar cuándo es el momento de abordarlo.

“Hacer pozos y llevar agua a comunidades que no la tienen proporciona un rédito político enorme en cualquier momento de los cuatro años de gestión. Pero si se quiere poner orden, esto se hace en el primer año porque uno tiene el resto del período para solucionar el conflicto con los vecinos”, opina.

Escobar refiere que en su gestión, durante la campaña electoral cuando buscaba reelegirse, no instaló los contadores sino lo hizo después de esa época. “Gané en septiembre de 2015 y desde ese mes hasta diciembre planificamos el proyecto para crear la empresa.

En enero de 2016 se publicó en el Diario de Centroamérica y empezaron las manifestaciones que duraron once meses”, explica.

La defensa de los alcaldes está a cargo de Marvin de León, director ejecutivo de la Anam: «No es un tema político ni de votos. A veces no invierten más tiempo porque no tienen suficientes recursos para ello.

Los costos de funcionamiento de una planta de tratamiento son altos –pueden ser millonarios–, y el presupuesto municipal no se puede ir por completo en esto”. En cuanto al abastecimiento, cloración y mantenimiento de drenajes, concluye, “ellos hacen lo posible por mantener los servicios en perfecto estado”.

(Con información de Carmen Maldonado Valle, Isaías Morales y Mirja Valdés)

Misión imposible

“Toda necesidad insatisfecha será utilizada para generar votos” expresa Santos. Es probable que los candidatos utilicen el acceso, calidad y disponibilidad del agua para consumo humano como un tema electoral.

Al llegar al poder deben cumplir con los compromisos adquiridos, pero a qué costo si en algún momento quieren darle solución.

El analista Miguel Castillo explica que un alcalde puede hacer lo que sus recursos le permiten, pero en cuatro años es imposible darle agua a 100 o 200 aldeas.

“Ellos tienen un rol, pero este problema trasciende los gobiernos locales, por lo que la solución solo se da por una vía: Una ley de aguas que contemple la emisión de políticas públicas y la creación de instituciones que velen por este tema.

Las comisiones de Asuntos Municipales y de Ambiente del Congreso no han recibido a la fecha alguna iniciativa que regule el tema del agua desde el ámbito municipal.