La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó por su papel en la corrupción en Guatemala, emitiendo nuevas sanciones en contra del exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cambara y contra el actual diputado del Partido TODOS, Felipe Alejos Lorenzana.
“Esta acción está dirigida a Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, estas personas están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Estas sanciones refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación en corrupción significativa” señaló un comunicado del Departamento del Tesoro.
“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el autoenriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. «Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial».
Las acciones de hoy se llevaron a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido, que ha establecido un nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Las acciones coordinadas que utilizan estos regímenes de sanciones globales permiten que los socios con ideas afines formen un frente unificado para identificar, promover la rendición de cuentas e interrumpir el acceso al sistema financiero internacional por parte de los actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con nuestros aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometan actos de corrupción, manifestó el Departamento del Tesoro.
Desde la decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecida por las Naciones Unidas en 2019, que se creó originalmente para trabajar con la Fiscalía General en la investigación de casos de corrupción.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, en algunos casos, ciertos políticos muchos de los cuales son objeto de investigaciones penales en Guatemala, “continúan frustrando las políticas anti-soborno. Estos funcionarios han buscado eliminar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, encargada de investigar los casos asignados por la CICIG. Según investigaciones de la Fiscalía General de Guatemala, también se ha buscado influir en el proceso de selección judicial para la designación de magistrados de los tribunales superiores (Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones)”.
En febrero de 2020, la FECI descubrió que mientras estaba en prisión preventiva por sus presuntas actividades corruptas anteriores, Gustavo Alejos Cambara, había estado tratando de influir en la proceso de selección judicial de magistrados a la CSJ y Tribunal de Apelaciones. Para hacer esto, Gustavo habría facilitado pagos a representantes del Congreso y jueces de la CSJ, en coordinación con Felipe Alejos Lorenzana, para influir en un resultado en ambas instituciones que aseguraría la futura liberación de Gustavo de la prisión, al desestimar los cargos de corrupción en su contra, y proteger a Felipe – así como a los jueces de la CSJ – de futuros enjuiciamientos por corrupción.
Como resultado de la investigación de la FECI, la Fiscal General solicitó una medida cautelar con respecto al proceso de selección judicial. El Ministerio Público (MP) argumentó que las listas de candidatos presentadas habían sido manipuladas e influenciadas por personas que enfrentaban cargos penales. La Corte Constitucionalidad revisó el informe elaborado por el MP que describía las relaciones de Gustavo y dictaminó que los jueces serían elegidos por votación; cualquier candidato que se considere inadecuado será excluido de la elección.
Además, Gustavo Alejos, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, ha sido blanco de varias investigaciones relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, en 2019, Gustavo fue acusado de recibir sobornos de un empresario como parte de una red de corrupción que involucra lavado de dinero y soborno en contratos de construcción del Gobierno en Guatemala. Gustavo supuestamente compró activos offshore en Panamá y Belice en un esfuerzo por ofuscar estos fondos; Gustavo también compró una propiedad que luego fue entregada a los funcionarios a cambio de favores políticos. La FECI emitió una orden de captura contra Gustavo relacionada con estas presuntas actividades corruptas.
Entre tanto Felipe Alejos, actual diputado al Congreso de la República para el período 2020-2024, es un colaborador cercano de Gustavo Alejos. Felipe presuntamente facilitó sobornos y pagos de empresas constructoras privadas para contratos de infraestructura estatal en curso o potenciales a representantes del Congreso, con el objetivo de asegurar el apoyo del Congreso a los magistrados y suplentes de la Corte Constitucionalidad, quienes apoyarían una futura sentencia de la Corte Constitucionalidad que favorezca la inmunidad de Felipe Alejos, manteniendo a Felipe Alejos y otros representantes del Congreso fuera de la cárcel.
Gustavo y Felipe son designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o que se han involucrado directa o indirectamente en, corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos y bienes” señaló el Departamento del Tesoro.
