Luego de que el Ministerio Público (MP) informara por medio de un comunicado la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, varias personas y organizaciones se han pronunciado indicando que dicha decisión representa un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Dicho comunicado fue publicado el pasado viernes, 23 de julio, y este domingo, la fiscal general argumentó que la destitución se realizó luego de que Sandoval presentara una objeción por el nombramiento de la fiscal Cinthia Monterroso como parte de la FECI, lo cual deja clara la desobediencia a sus instrucciones.
Por su parte, Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo indicó que según el artículo 8 del Reglamento Interno del MP el puesto de fiscal de sección es un “puesto de confianza”, por tal razón, la fiscal general debió iniciar un incidente en la vía laboral para remover al exjefe de la FECI de su cargo.
Asimismo, asegura que la Ley del MP en su artículo 67 habla sobre la obediencia y reconoce la posibilidad de que los fiscales puedan plantear objeciones, opción a la que no pudo optar Sandoval.
Menciona que los estándares internacionales indican que los fiscales no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias por críticas a los tribunales o por criterios distintos a los sostenidos por sus superiores, ni ser objeto de procedimientos o sanciones que desconozcan el principio de legalidad y que toda sanción “debe estar debidamente motivada, conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Aún con los argumentos ya expuestos por Consuelo Porras, la destitución de Sandoval sigue pareciendo ilegal, según la normativa del MP.
