El diputado Orlando Blanco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presentó un acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci; la ministra de Salud, Amelia Flores y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, para que se tengan los recursos necesarios y disponibles para adquirir la vacuna contra el COVID-19.
“Las autoridades deben velar porque la compra de la vacuna se haga a costos accesibles. Actualmente tenemos un problema y es que Guatemala solamente ha hecho una solicitud que abarcaría a 20% de la población, de esta solicitud Guatemala ha pagado Q74 millones y se adeudan todavía Q420 millones para cubrir al 20% de la población, lo preocupante de esta situación es que para este año solo se van a abonar solo esos Q74 millones y para el próximo año Q400 millones, adeudando Q20 millones todavía” dijo Blanco.
Además señaló que no hay voluntad política del Gobierno para garantizar la asignación de recursos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, “recursos hay pero no hay voluntad”.
“Vemos preocupante que el Presidente de la República solo haya hecho la provisión para un 20% de la población a este ritmo llegaríamos al 2025 para inmunizar al 100% de los guatemaltecos, eso no puede ser, nosotros creemos que se debe inmunizar a la mayor cantidad de guatemaltecos y eso se hace con recursos y recursos hay” manifestó el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
El Gobierno de Guatemala se adhirió al mecanismo de compra global denominado Covax, con el que se podrá acceder a 3.7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 únicamente, sin embargo, hasta el momento no se sabe cuándo vendrá la vacuna al país y cuál será el precio en la que las autoridades la adquirirán.
