Guatemala ha vivido inmersa en vorágines sistemáticas. Los más de 36 años de conflicto interno armado son la prueba viviente de la inconformidad constante de una parte de la población frente a la ausencia de una verdadera democracia participativa.
Con la finalización de las dictaduras militares gobernando se pensó que, pese a persistir aun la guerra interna, Guatemala se encaminaba hacia un nuevo periodo en donde se iniciaría a sentar las bases de una sociedad conviviendo en democracia. Hubo muchos síntomas esperanzadores, como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de cuyo seno emanó una nueva Constitución Política de la República.
En efecto, el 31 de mayo de 1985, surge la nueva Constitución, aprobada casi un año después por los constituyentes. En ella se coloca como centro de importancia a la persona y sus derechos individuales convirtiéndose en “sujeto y fin del orden social”.
Con ello se interpreta que, por primera vez imperará el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad del Estado. Para quienes vivimos la práctica del terrorismo de Estado, esto fue esperanzador, porque venía acompañada del reconocimiento de instituciones garantes como la Procuraduría de los Derechos Humanos, se crea la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República con una legislación propia.
Ello no queda ahí, pues se instituye la Corte de Constitucionalidad para la defensa del orden constitucional, considerado como un tribunal independiente. Termina la proscripción a los partidos de oposición, y se crea el Tribunal Supremo Electoral.
Otro avance sustancial, es que surgen los derechos antes restringidos a la ciudadanía que, le permiten, en teoría acceso a los actos de la administración pública. Tal es el caso del derecho de petición que permite a los habitantes del país el derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad en materia administrativa, fiscal o política, la publicidad de los actos administrativos y el libre acceso a los archivos y registros estatales.
Estos avances arriba descritos se encuentran en los artículos: 28, 30 y 31 y son los que 22 años después permiten a la población tener la Ley de Acceso a la Información, siendo un valioso instrumento que permite a la población exigir cuentas de los actos de la administración pública. Este avance tardíamente trasladado a legislación ordinaria, usado por la población puede ayudar al combate a la corrupción.
Muy importante también, es que, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, a la identidad cultural, lengua, costumbres; respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena, idiomas y dialectos, protegiendo sus tierras cooperativas y comunales y su patrimonio familiar. Contempla programas especiales de promoción y desarrollo. Se plantea que se creará la promulgación de una ley específica que regulará todo lo relativo a la protección y defensa de tales derechos. Misma que aún no se ha concretizado.
Se hace una realidad Constitucional el derecho de reunión y manifestación pacífica, el derecho de libre asociación, la libertad de emisión del pensamiento sin censura ni licencia previa por cualesquiera medios de difusión. No obstante, persiste la Ley del Orden Público la cual data de los años 60s y contradice totalmente lo suscrito en la Constitución del año de 1985.
La nueva Constitución inicia a fungir con el decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, y es de ahí que, en remembranza de ese momento histórico que viene a crear nuevas condiciones para el país que, el 31 de mayo, se firmó la nueva Constitución, y se conmemora el día de la Constitución Política de la República.
Para quienes no vivieron la violencia institucionalizada, mediante la desaparición forzada de personas opositoras, asesinatos y cualquier clase de vejación inimaginable, seguramente estos derechos e instituciones les parecerá que siempre han estado. Para lograr estas garantías mínimas hubo costos humanos muy dolorosos que pagar. Por ello, es necesario traerlo a la memoria para no permitir retrocesos en los avances que se han ido dando en el país.
Quizá y luego de 35 años haya adecuaciones que hacer, sobretodo en el sector justicia, pero este no parece ser el momento adecuado. En esta coyuntura, preservemos lo que ya se conquistó y pidamos que se cumpla lo que expresa la Constitución sobre las libertades ganadas a pulso.
