Cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga

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Oscar Rivas Sánchez

Un tema que se repite a menudo es el relativo a los sindicatos. La referencia normalmente está dirigida a los sindicatos del estado y especialmente a los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo.

Igual que en la casi totalidad de países libres, los sindicatos y la negociación colectiva están reconocidos por las leyes del país.

Lo que sucede es que asistimos a espectáculos poco edificantes, que francamente molestan, porque en la gran mayoría de instituciones del estado, se comenten abusos, verdaderas barbaridades, que algún día tendrán que ser corregidas.

Los aumentos salariales y los bonos por infinidad de razones son parte de los pactos colectivos, sin siquiera averiguar si el estado, que es el patrono, tiene como pagarlos. Se instituyen asuetos, naturalmente pagados, que contrarían la Ley de Servicio Civil. Hay ocasiones en las que la autoridad nominadora, antes de hacer el nombramiento debe consultarlo al sindicato y algunos van peor, se pretende que los puestos sean hereditarios. Los magistrados de la Corte, que técnicamente no son trabajadores, gozan de los beneficios del pacto que ellos aprobaron. La lista de groserías ilegales es muy amplia.

Es fácil encontrar explicación a lo indicado: quienes negocian el pacto en nombre de la institución son trabajadores de ella, que antes de defender los intereses del estado, defienden los del sindicato, que les son propios. Quien suscribe el pacto en un ministro, director general, gerente o similar, que compromete al estado, pero no lo representa, está suplantando al Procurador General de la Nación, que ni se da cuenta de lo que sucede; el pacto es homologado por el Ministro de Trabajo, que solo observa cuestiones formales y pasa por alto las ilegalidades; el Ministerio de Finanzas hace los pagos ordenados por el pacto, sabiendo que son ilegales; y para variar, la Contraloría de Cuentas, como tiene tanto que hacer, no repara las ilegalidades. El país y los contribuyentes que aguanten.

Viéndolo despacio es grande el número de funcionarios públicos que pudieron poner un alto a la situación, pero no cumplieron el juramento de cumplir las leyes.

Ahora le cuento que los sindicatos están hechos para buscar mejoras y como en pedir y prometer no hay enojo, piden lo que se les ocurra y pelean por sus conquistas, a la vez que una larga lista de irresponsables se los da o se hace de la vista gorda.

Entonces no hay que ver mal al sindicato que pide y se aprovecha de la irresponsabilidad, sino a los funcionarios que irresponsablemente dan, y por eso si al final el producto es malo porque las dos partes hicieron mal, quienes más culpa tienen son los funcionarios.

Lo anterior en condiciones normales, porque si lo dicho fuera poco, también hay dirigentes sindicales que se venden y políticos que los compran, total no es con su dinero. Eso es otra cosa, una práctica corrupta, que le hace daño al país y constituye un pésimo ejemplo para la sociedad.