Convergencia por los Derechos Humanos presenta inconstitucionalidad contra reformas a la Ley de ONG

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La Convergencia por los Derechos Humanos, presentó una inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de ONG, argumentan que las reformas limitan el ejercicio de las organizaciones sociales que defienden los Derechos Humanos y denuncian la corrupción que afecta a toda la población guatemalteca.

“Existe una vulneración el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las organizaciones y de la sociedad guatemalteca en general” señaló Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), al presentar el escrito ante la Corte de Constitucionalidad.

Según Jorge Santos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), hay aspectos de carácter discrecional que van a afectar profundamente a libertad de asociación y reunión de la población guatemalteca.

Santos refiere que existe un incremento de la criminalización en contra de quienes defienden los Derechos Humanos en el país. “Para la UDEFEGUA la política de represión instalada desde el Estado guatemalteco tiene dos columnas vertebrales, una es la criminalización y la otra es la eliminación física de personas defensoras de los Derechos Humanos, una pretende efectivamente eliminar la vida civil de quienes son criminalizados y la otra evidentemente eliminar físicamente y dañar la organización a la cual pertenecía la persona” dijo.

Agregó que, “este decreto 4-2020 de entrar en vigencia profundizará esa estrategia de criminalización en contra de quienes pertenecemos a las ONG en el país” manifestó.

Por su parte Jovita Tzul, del CALDH, señaló que las reformas violan los derechos constitucionales por lo que consideran es viable la inconstitucionalidad en contra del decreto 4-2020, porque está limitando y restringiendo derechos como la libre asociación y el derecho de defensa.

“Dentro del contenido del decreto, no queda claro el derecho de defensa de las Organizaciones que en su momento sea rechazada su inscripción o de las que están constituidas actualmente de que en su momento puedan ser canceladas, no existe una garantía en la Ley de que se cumpla el derecho de defensa entre otros, por lo tanto consideramos que es pertinente la inconstitucionalidad” dijo Tzul.

Además, indicó que esperan que se haga un análisis por parte de la Corte con estándares internacionales y que se tenga una resolución apegada a Derecho, respetando el marco constitucional y se garanticen todos los derechos.