Es condenable la actitud del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) al pretender que la negociación de pacto colectivo se realice confidencialmente, pero es más condenable la del Ministerio de Educación (MINEDUC), y además ilegal, al acceder a semejante petición, escudándose en varios artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que precisamente tratan de burlar, al aplicarla antojadizamente.
Con esta van al menos tres ocasiones, en este gobierno, que se acude a la confidencialidad. Primera, cuando la Portuaria Quetzal declaró reserva de información por siete años, so pretexto de evitar daños al interés público e incluso al tráfico marítimo internacional (como que si nuestro embarcadero fuera el puerto de Rotterdam), desistiendo a los pocos días, cuando el Procurador de los Derechos Humanos anunció una acción legal para revisar la medida. Segunda la negociación de las vacunas rusas, que llega al extremo que el actual ministro de Salud indicó que todavía no conoce el contrato.
Y viene ahora el contubernio entre el STEG y el MINEDUC, con otro intento de burlarse del mandato de publicidad de todos los actos de la administración, y del derecho de acceso a la información garantizado por la Constitución y desarrollado en la LAIP.
De prosperar esta burda maniobra, como si fuera negociación entre particulares, sentarán un funesto precedente. En adelante, un contratista, quien solicite una licencia minera o cualquier asunto ante la administración pública, podrá exigir confidencialidad, sustrayéndolo del escrutinio público y de los órganos de control.
Aparte de ser cómplice de la opacidad, el MINEDUC demuestra total debilidad ante el STEG. El sindicato la solicitó – pedir no es problema – pero el ministerio no estaba obligado a concederla. Debió denegarla, fundamentando su resolución. Si el sindicato insistía, lo pertinente era requerir la opinión del Procurador de los Derechos Humanos, quien es el protector del acceso a la información pública. Si el STEG no aceptaba la opinión del PDH, le quedaba el camino de los tribunales, mediante un recurso contencioso-administrativo o acción de amparo, y que fueran los tribunales quienes, con la celeridad que les caracteriza, determinaran la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Habría sido una oportunidad para fortalecer la posición negociadora del ministerio.
Pero no es posible esperar que un gobierno débil – bueno solamente para la bravata – haga algo así. El diálogo social – la negociación colectiva es una de sus modalidades – requiere de interlocutores fuertes, con capacidad para conceder en determinadas materias, pero con fortaleza para decir no, pues el problema no es del que pide sino del que concede. De lo contrario se está en una negociación desigual, con una parte que lleva toda la ventaja. Que es lo que ha pasado en los últimos cuatro gobiernos en los tratos con el STEG. Para evitar que apoye acciones de protesta y tenerlo de su lado, los gobiernos se le ponen de alfombra, urgiendo a los ministros para que negocien a toda prisa, lo que también debilita su posición y fortalece la del sindicato, que de esta manera logra todo lo que se propone.
