La inconstitucionalidad contra el Acuerdo de creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentada por el abogado Otto Gómez será conocida por los cinco Magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y los suplentes Wálter Jiménez y Juan José Samayoa, establecido por medio de sorteo.
Aún se desconoce cuándo serán convocados los Magistrados para que conozcan en pleno la inconstitucionalidad, ayer el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas presentó memorial ante la CC que contenía «Amicus curiae», del impacto negativo de la corrupción en la democracia y el Estado de Derecho relacionado con la acción de inconstitucionalidad que busca anular el trabajo de la FECI.
La acción de inconstitucionalidad pretende dejar sin efecto el acuerdo 59-2019, mediante el cual se creó la FECI como parte del Ministerio Público (MP).
“La inconstitucionalidad es notoria y susceptible a causar más daños irreparables a los ciudadanos guatemaltecos (as) y demás personas que residen o viven dentro del territorio nacional de Guatemala, independientemente de su nacionalidad que puedan ser afectados”, argumentan los abogados en el documento presentado a la CC.
Asimismo, plantean que se decrete sin vigencia el acuerdo de la Fiscalía General para la creación de la FECI y se conceda audiencia a la Fiscal General, Consuelo Porras, la Procuraduría General de la Nación (PGN), Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y “todas aquellas entidades que la Corte de Constitucionalidad considere oportuna concederle audiencia” y que transcurridos los quince días de audiencia, solicita señalar fecha y hora para la vista pública dentro de un plazo de veinte días.
Según Gómez, la FECI no debe seguir operando porque con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el convenio firmado quedó sin validez, y la Fiscalía no ha cumplido con fortalecer el MP. «En virtud que dicho convenio quedó sin materia, toda vez que fue expulsada la CICIG y la declaratoria del non grato, ambas circunstancias no rigen en nuestro país y por lo tanto no tiene asidero legal la FECI», dijo.
Los abogados que presentaron esta inconstitucionalidad contra la FECI, son Otto Gómez García quien representó a la exdiputada Anabella de León, señalada en el caso Botín en el Registro de la Propiedad e interpuso varios recursos en contra de la CICIG, también es defensor de Haroldo Mendoza Matta, acusado de nueve asesinatos y una desaparición forzada en Petén e Izabal, y de Marvin Montiel Marín, alias «El Taquero».
Así como Leonel Enrique Castañeda Tejada, defensor de la exprimera dama y excandidata Presidencial Sandra Torres en la investigación de financiamiento irregular del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
