CIEN sugiere al MIDES realizar una rendición de cuentas públicas a inicios del 2,021

Foto: Mides

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó este viernes un análisis el Fondo Bono Familia, el cual fue realizado a través del Observatorio COVID19GT en el que recomendó al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), realizar una rendición de cuentas pública a inicios del 2,021.

Dicho observatorio ha realizado un seguimiento mensual a los recursos públicos que fueron designados para combatir la emergencia provocada por el COVID-19.

El encargado del Observatorio e investigador asociado del CIEN, Jorge Lavarreda, recordó que a nivel nacional, fueron anunciados 10 programas por más de Q14 millones que fueron aprobados por tres Decretos y se amplió el presupuesto en Q.19,806.4 millones, de los cuales el 73.8% fue para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Agregó que el Bono Familia tenía como objetivo general de apoyar a la población más afectada económicamente por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, el cual sería entregado por medio de aportes económicos.

Lavarreda explicó que “el fondo inició con poca claridad, no se definió las condiciones o características del apoyo y el estado ideal a alcanzar de los beneficiarios del programa con la ayuda y tampoco se establecieron tiempos de entrega».

Indicó que con los cambios realizados por el Congreso en la definición de criterios para elegir a los beneficiados y los mecanismos de entrega del dinero, representó demoras, ajustes sobre la marcha al manual del programa, y que se tuviera que reducir el monto del tercer aporte para mantenerse dentro de la restricción presupuestaria.

Lavarreda recomendó al Ministerio de Desarrollo que realice un ejercicio de rendición de cuentas público a inicios de 2021, en el que mejore sus propios análisis y dé aportes recibidos de organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, sugirió focalizar los programas de transferencias hacia la población con menor nivel de bienestar, diseñar una guía metodológica y normativa específica para programas en contexto de emergencia y mantener actualizada la información socioeconómica y demográfica de los hogares e individuos, mismo que debe estar terminado, depurado y validado.