La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de seguridad para dos fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), además resolvió que respecto a la reinstalación del exfiscal Juan Francisco Sandoval se puede acudir a esta Corte para presentar posibles agravios en su contra.
“En sus observaciones a dichos informes, las representantes se han referido a las deficiencias y anomalías que presentan los informes de riesgo y esquemas de seguridad.”, indicó la CIDH sobre los fiscales identificados como B y C, quienes se encuentran a cargo del caso Ruiz Fuentes y caso Valenzuela Ávila.
“En lo que respecta al deber de asegurar que los operadores de justicia (Fiscales A, B y Auxiliar Fiscal C) vinculados a las investigaciones cuenten con las debidas garantías de seguridad”, aseguró la CIDH.
Asimismo, indicó que es necesario proteger a los operadores de justicia de hostigamientos y amenazas, ya que esto tiene la finalidad de entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables. “De lo contrario eso tendría un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan, afectando seriamente la efectividad de la investigación».
Mencionó que existe un temor fundado de que el Fiscal B y Auxiliar Fiscal C, sean removidos, trasladados o destituidos de las investigaciones de las muertes de Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes.
“En razón de todo lo anterior, la Corte estima necesario ordenar la adopción de medidas provisionales, tanto para proteger la vida e integridad personal como la independencia en el ejercicio del cargo del Fiscal de la FEC *B° y el Auxiliar Fiscal de la FECI C°, y con ello garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila”, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto a la reinstalación del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, aseguró que primero se deben agotar las instancias nacionales, por lo que no otorgó medidas de seguridad a su favor, sin embargo, dejó la libertad de acudir a dicha Corte para presentar y demostrar los posibles agravios que ejerció el Estado en contra de Sandoval.