La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las nuevas diligencias de antejuicio en contra de integrantes de la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que solicitó al Estado de Guatemala no intervenir en las funciones de los jueces y garantizar su independencia judicial.
El pasado 3 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió al Congreso nuevas diligencias de antejuicio por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, promovidas en contra de los Magistrados Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, por solicitud de retiro del Embajador de Suecia acreditado en Guatemala en el año 2018, Anders Kompass, el cual estaba previsto conocerse este jueves, sin embargo, por falta de cuórum no se conoció.
“La remisión del antejuicio al Congreso de la República contravendría una resolución de amparo definitivo de la CC en la cual ordenó a la CSJ emitir un nuevo fallo en la misma causa en concordancia con el derecho nacional e internacional”, dijo la CIDH. Además, agregó que observaron que el trámite de estas diligencias ocurrió en el contexto de la nueva designación de Gloria Porras, el pasado 4 de marzo, como magistrada titular de la CC para el periodo 2021-2026.
“La Comisión ha establecido, en su Informe sobre las Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia publicado en el 2013, que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público”, puntualizó.
Indicó que los jueces gozan de “garantías reforzadas para el desarrollo de su potestad jurisdiccional”, especialmente la independencia en el ejercicio de sus funciones, con lo cual asisten a todas las personas, por lo que pide que no se intervenga en las funciones de los jueces.
“La CIDH reitera que corresponde el Estado proteger a las personas operadoras de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia efectivo”, dijo.
La Comisión urge al Estado de Guatemala a cesar los actos que representan severas amenazas a la independencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, en particular, a abstenerse de promover diligencias de antejuicio basadas en el juicio jurídico de las y los operadores de justicia, puntualizó.
