En un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas sociales en Guatemala e instó a las autoridades a realizar una investigación con debida diligencia.
“La CIDH rechaza de manera enfática la represión contra las personas manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que dejan un balance parcial de al menos 43 personas detenidas de las cuales 21 manifestaron haber recibido golpes de efectivos de la policía, y 12 personas heridas, 2 de ellas de gravedad tras golpes en los ojos y el cráneo” señaló el comunicado.
La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reprueban los actos de vandalización al edificio del Congreso, tras los cuales, las personas manifestantes fueron reprimidas indiscriminadamente, al tiempo de enfatizar la importancia del esclarecimiento sobre el origen de los hechos, dentro de los cuales resulta de especial relevancia las condiciones de seguridad y custodia del edificio cuando, según la información recibida, lo habitual es que esté protegido por la fuerza pública.
Asimismo, “valora positivamente” la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) como la del Poder Judicial que declaró la falta de méritos para sindicar a u número significativo de personas que solo participaban de la manifestación pacífica.
La Comisión advierte que, si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad.
La CIDH llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia y reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta. Asimismo, alerta que, ante actos de violencia, deben individualizar a las personas que pongan en riesgo los derechos o atenten contra bienes del Estado; que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia, así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos.
