El presidente Alejandro Giammattei envió tres consultas a la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 9 de noviembre, sobre la asistencia de los funcionarios de Gobierno ante el Pleno del Congreso, buscando con ello, que no estén obligados a asistir a las citaciones e interpelaciones para rendir cuentas, mismas que fueron resueltas este jueves por medio de una audiencia pública en la que limitó el proceder de los legisladores en este aspecto.
Para responder a las consultas del mandatario, la Alta Corte, convocó a una vista pública para explicar el contenido de los siguientes artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala:
Artículo 161 literal b, sobre las responsabilidades que gozan los diputados al emitir sus opiniones, ya que constantemente los legisladores de oposición hay criticado el actuar y decisiones de los funcionarios de Gobierno, principalmente de los ministros de las carteras de seguridad, salud, educación, entre otras.
Otra de las consultas de mandatario es sobre la obligación que tienen los ministros del Ejecutivo para asistir al Legislativo para responder interpelaciones, contenida en el artículo 166 constitucional.
Y por último, el contenido del artículo 168, que obliga a los ministros, funcionarios y empleados a asistir a las sesiones del Congreso, Comisiones y bloques del mismo, en la mayoría de los casos, para responder cuestionamientos cuando lo consideren necesario.
En la resolución de la alta Corte se determinó que las comisiones de trabajo podrán citar a un funcionario o empleado público únicamente si el tema a abordar es relacionado al trabajo que realizan, y las opiniones de los funcionarios serán limitadas a lo correspondiente a sus funciones.
“Las citaciones o invitaciones que realicen las Comisiones del Congreso de la República a funcionarios o empleados públicos deberán realizarse con el objeto de abordar temáticas que guarden relación con la materia o asuntos que corresponden tratar a cada una de tales Comisiones. En algunas temáticas deberá ponderarse que la naturaleza de los diversos asuntos a tratar exige que estos sean conocidos y estudiados por más de una Comisión”, se lee en la resolución de la CC.
En caso de que determinada comisión cite o invite a un funcionario o empleado público, la diligencia deberá guardar relación con la materia o asunto que le corresponde conocer y hacerse exclusivamente de una sola comisión, aseguraron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes indicaron que los funcionarios no están obligados a asistir a las citaciones si no es tema de su competencia.
Para que las citaciones se realicen, deberán contar con un presidente o vicepresidente de la comisión y la presencia del 25% de la misma, y de incumplir con la fecha y hora de la citación, el funcionario o empleado público podrá retirarse de inmediato y quedar a la espera de una nueva citación.
Estas consultas fueron resueltas un día antes de cumplirse dos años de Gobierno de Alejandro Giammattei, quien presentará su II Informe de Gobierno ante el Legislativo, este viernes 14 de enero.
Cabe resaltar que el mandatario es cercano con varios magistrados de la CC, quienes fueron juramentados el pasado 13 de abril para el período 2021-2026 por el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, quien dijo en ese momento que «no es función de la Corte de Constitucionalidad legislar o entorpecer el trabajo de los otros Organismos de Estado por intereses espurios, políticos, ideológicos o de cualquier otra índole”.
Además indicó que la función de la CC es específicamente, la defensa del orden constitucional y que «nada ni nadie está encima de nuestra Constitución».
