Banderas blancas en Guatemala

Antes del COVID-19 Guatemala tenía un 60% de la población viviendo en pobreza y uno de cada dos niños sufriendo desnutrición crónica, primer lugar en América Latina de desnutrición infantil y sexto lugar en el mundo. La Red de Sistemas de Alerta contra la hambruna (Few Net por sus siglas en inglés) advirtió  entre febrero y mayo del año en curso que 11 departamentos enfrentarían una situación de inseguridad alimentaria intensa.  Por su parte la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)  también ubicó a Guatemala como uno de los países en riesgo de inseguridad alimentaria agravada por el avance de la pandemia.

En los primeros días del mes de abril de este año el Congreso de la República emitió la “Ley de Rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19”, que contiene entre otras disposiciones la creación del “Bono Familia” particularmente para quienes  sufren desnutrición y hambre, por un monto de seis mil millones de quetzales, el cual beneficiaria a dos millones de familias.

Al 10 de junio el ente encargado de su ejecución financiera, Ministerio de Desarrollo Rural, únicamente reportaba una ejecución física del 8.62% cubriendo a medio millón de familias y con algunas denuncias de irregularidades, sin que se hubiera habilitado un mecanismo idóneo de quejas y consultas para transparentar y agilizar su pago. Ese Ministerio demuestra falta de voluntad para hacer llegar el bono familia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, poniendo en evidencia su ineptitud en la administración de los recursos públicos y la falta de responsabilidad ante una realidad de crisis y pobreza que vive buena parte de la población. 

A esto hay que agregar que de los seis mil millones solo el 10 % está destinado para las personas que carecen del servicio de energía eléctrica que son 287,000 familias, el 10% cubre a 200,000, por lo que 87,000 familias quedaron excluidas, lo cual se traduce en 1.4 millones de personas condenadas al hambre.

Por su parte el Ministerio de Agricultura que tiene asignados 400 millones de quetzales para alimentos y programas de apoyo a agricultores, de los cuales 350 millones  están destinados para comprar bolsas de alimentos, para el 10 de junio registraba CERO en ejecución.  Evidentemente es un contraste que en un país que está a las puertas de sufrir inseguridad alimentaria, haya un Ministerio que deba comprar alimentos y no ejecute un centavo para ese fin.

La pandemia llegó a Guatemala que ya vivía pobreza y falta de oportunidades, ahora la crisis es profunda y se refleja con las banderas blancas del hambre. Una crisis, la de la pandemia, dentro de otra, la inseguridad alimentaria, esta última provocada y agravada con la contribución del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura porque la no ejecución en tiempo del presupuesto, que debió ser prioritario, se traduce en frustración para la población y en aplazamiento en el tiempo para la satisfacción de necesidades básicas. 

Las banderas blancas de Guatemala son el rostro de la pobreza que por décadas ha sufrido el país y que se agudiza por funcionarios que ignoran las necesidades urgentes de las personas que viven en pobreza.

Thelma Aldana

Epicentro GT

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