¡Apoyo la moción!

Gabriel Orellana Rojas

Muy sana, oportuna y pertinente me parece la idea elaborar una agenda destinada a tratar algunos temas generados por la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero de 1986, expresada por Mario Fuentes Destarac en su columna «¿Magistrados vitalicios?  (elPeriódico 12.04.2021).

El temario que propone debatir comprende: «(I) si la CC debiera o no convertirse en una cámara específica de la CSJ, para evitar la existencia de 2 cortes; (II) si debe retomarse la CC no permanente prevista en la Constitución de 1965, que se integraba con magistrados de la CSJ y de la CA, y no resolvía amparos, sino que solo conocía de denuncias de inconstitucionalidad; (III) la renovación parcial de la CC; (IV) la legitimación activa para accionar de amparo; (v) el número y la duración del mandato de los magistrados; (vi) la designación de los magistrados y la existencia de magistrados suplentes; (vii) la responsabilidad legal y el derecho de antejuicio de los magistrados; (viii) las reglas de interpretación constitucional; y (ix) la observancia de los principios de supremacía constitucional, separación de poderes y aplicación de la Constitución conforme a su significado público original.»

Incluye además: «(i) la duración del mandato de los magistrados; (ii) la existencia o no de las Comisiones de Postulación, así como el número de comisionados y las reglas de dichas Comisiones; (iii) la observancia del procedimiento de selección por oposición en la designación de magistrados; y (iv) la creación de un Consejo de la Magistratura o de una Cámara Administrativa de la CSJ.»

Es indudable que algunos temas hoy propuestos pueden resultar más llamativos o interesantes que otros; también lo es que la agenda sugerida sufra algunos cambios, pero la semilla ha sido sembrada y mi deseo es que fructifique porque, en verdad, se necesita un sano y amplio debate sobre la problemática que plantea nuestra Carta Fundamental.

Hace algunos años el Colegio de Abogados (tal era su nombre original) celebraba periódicamente Congresos Jurídicos que permitían discutir temas de importancia nacional y constitucional, sin perjuicio de los atinentes al ejercicio propio de la profesión. Estos Congresos cobraron tanta importancia e influencia que, muchas de sus discusiones y ponencias trascendieron el ámbito gremial.  La adopción de un tribunal encargado de velar por el orden constitucional, por ejemplo, nació de una ponencia presentada en el Congreso Jurídico de 1957.

Escéptico que soy, dudo que a las actuales autoridades del Colegio de Abogados les interese organizar un cónclave de tal magnitud. En tal virtud sugiero que para darle lustre y estatura académica (lo que no excluye a los políticos), sean las distintas facultades de Derecho, de Ciencias Políticas, el Instituto de Derecho Constitucional y algunos otros prestigiosos centros de estudio que funcionan en el país, quienes lo organicen.  

Viendo la proyección que a largo plazo tiene esta idea, no vacilo en sugerir que –tal como ocurre en varias universidades estadounidenses— también se deberían consagrar, anual o semestralmente, foros o seminarios independientes de la Corte de Constitucionalidad, dedicados a discutir académicamente las sentencias emanadas de este tribunal.

Epicentro GT

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