Los antejuicios presentados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de los 10 Magistrados que participaron en las Comisiones de Postulación para elegir la nómina de candidatos para Magistrados de Salas de Apelaciones, es una muestra más de como el sistema está hecho para delinquir desde lo más alto del poder judicial.
Aunque este caso ya se conocía pues la propia FECI había anunciado que la mayoría de miembros de las Comisiones de Postulación para la elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, se había coludido con el empresario Gustavo Alejos Cambara, para generar impunidad.
En su momento la FECI habría puesto sobre la mesa de la Fiscal General, Consuelo Porras, dichos antejuicios, pero diligente con el Pacto de Corruptos no aceptó procesarlos, hasta que algunos de esos magistrados tuvieran inmunidad, como en el caso del Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ranulfo Rafael Rojas y el ahora Magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez Pimentel, generando nuevamente impunidad para quienes ahora ostentan el poder.
La Fiscal General en varias oportunidades ha expresado que el Ministerio Público (MP) “actúa con objetividad e imparcialidad y con apego al principio de legalidad”, sin embargo, en este caso preciso esperó tanto para procesar los antejuicios, que uno puede juzgar entonces que se trata de beneficiar a quienes la eligieron a ella en su oportunidad Magistrada Suplente de la CC, y/o de Directora de la Supervisión del Organismo Judicial (OJ), porque de otra manera se hubieran procesado esos antejuicios lo antes posible y hacer cumplir la Ley.
La reconformación de las estructuras criminales incrustadas en el Estado está cada día tomando más fuerza, frente a un MP y una Fiscal General vigilantes observando como destruyen lo poco que nos queda de Estado de Derecho. Hasta el momento la jefa del MP no se ha dignado a pronunciarse por las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la FECI, y es que nunca ha sido de su agrado esa fiscalía, porque si por ella fuera ya la hubiera eliminado desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Pero bien lo ha dicho el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana en sus columnas de opinión en Epicentro, que no es nada más de tomar acciones contra la FECI, pues hay varios acuerdos previos para poder sacar del ordenamiento jurídico a dicha Fiscalía y que quienes han presentado esos recursos han obviado y por lo tanto son improcedentes.
Lo cierto es que la impunidad y la corrupción persisten en nuestro país, ahora los antejuicios deberán llegar a conocimiento de los propios Magistrados de la CSJ, quienes deberán de inhibirse de conocer los casos y pasarlos al Congreso de la República que a su vez deberá de conformar las comisiones pesquisidoras correspondientes y decidir si les retiran o no la inmunidad a los togados, sin embargo, con el Congreso que tenemos seguramente esos antejuicios no prosperarán, pues también sabemos que prefieren tener a personas al servicio del crimen que a gente honesta y capaz en esos puestos.
Nos queda esperar ver que es lo que pasa con estos procesos, pero lo que sí es importante para dejar de proteger a esta gente que solo busca impunidad, es que el Congreso de una vez y sin demora inicie con la elección de los nuevos Magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones. Urgimos al Congreso no seguir protegiendo a estos malandros y que inmediatamente se elijan a sus sucesores, porque de lo contrario nunca se verán tras las rejas a quienes se han pasado la Ley por el arco del triunfo.
