La Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia (FECAJUD) se pronunció tras la solicitud de antejuicio en contra de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, asegurando que dicho proceso es con fines perversos con el que buscan criminalizar su desempeño judicial y debilitar la lucha contra la corrupción e impunidad.
“Se busca afectar procesos emblemáticos de cooptación y corrupción del sistema de justicia, pretendiéndose también perjudicar la imagen y estabilidad laboral de la jueza Aifán Dávila, y criminalizarla en su desempeño judicial, con lo cual debilitarían la lucha contra la corrupción y la impunidad, y afectarían aun más la institucionalidad representada por una jueza valiente”, indicó la FECAJUD por medio de un comunicado.
Además, aseguró que dicha información se ha dado a conocer desde perfiles falsos en redes sociales (netcenters), los cuales abusan del poder concentrado en la Fiscalía General del Ministerio Público. “Una vez más con su actuar (de la Fiscal General Consuelo Porras), afecta, obstruye y limita la lucha contra la corrupción y la impunidad al realizar actos que benefician a actores oscuros”, mencionó.
También comparó el apoyo nacional e internacional que ha recibido la juzgadora con la inclusión de Consuelo Porras en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, por favorecer o beneficiar a la corrupción e impunidad.
“La justicia es un bien social, representado por personas probas, Como es el caso de la jueza Aifán Dávila lo cual en un sistema de cooptación y secuestro del Estado, provoca una afectación permanente a jueces que, como ella, actúan de manera independiente y honesta”, agregó.
Por tal razón, exhortó a la Fiscal General, Consuelo Porras, “que oriente de forma adecuada su actuar, de manera objetiva, que permita perseguir a quienes justamente corresponda y no se preste a persecuciones espurias”, asimismo, pidió a la Corte Suprema de Justicia respaldar a jueces honestos que están bajo asedio o ataque.
“Se mantiene sobre Guatemala y los países centroamericanos, un sistema de monitoreo para denunciar este y otro tipo de abusos cometidos por personas que sirven a intereses particulares, distintos a los que establecen la Constitución y la Ley”, puntualizó la FECAJUD.
