El economista Ronald H. Coase (1910-2013) no solamente recibió el Premio Nobel de Economía en 1991 sino que sus estudios sobre el problema de la asignación eficiente de recursos en una economía dieron origen al llamado –no por él—“Teorema de Coase”.
Este teorema esclarece, creo yo, muchas cosas de gran importancia. Aquí no hay especio para abarcarlas todas, así que intentaré enfocarme en apenas un par de ellas.
En general, una economía en la que los recursos económicos se asignan ineficientemente no genera prosperidad hasta su máximo potencial. Puede que genere alguna prosperidad, incluso mucha prosperidad, pero, en la medida en que ciertos recursos se asignen ineficientemente, no se logrará alcanzar ese potencial máximo.
Una asignación eficiente de recursos se materializa cuando los mismos quedan en manos de quienes puedan sacarles mayor provecho.
En una economía de mercado, los recursos económicos no se asignan por ninguna persona u organización en particular. Todos y cada uno de quienes actúan en el mercado –los “agentes económicos”—procuran descubrir para qué actividades son los mejores.
Por supuesto, procuran averiguar eso en el marco de sus circunstancias y de ciertas expectativas realistas sobre los medios de que pueden llegar a disponer para competir en esa actividad para la que, según creen, son los mejores.
La razón principal por la cual los agentes económicos procuran descubrir sus “ventajas competitivas” es la maximización de sus utilidades. En otras palabras, sus probabilidades de obtener todas las ganancias que puedan mejoran si se dedican a aquella actividad en la que son más competitivos.
Pero todas las actividades económicas consumen diversos tipos de recursos y, claro está, quien se proponga realizar cualquiera de ellas tiene que adquirirlos pagando su precio.
Hasta este punto pareciera que todo el problema de la asignación eficiente de recursos radica en que cada agente económico descubra sus ventajas competitivas, escoja la actividad económica correspondiente y adquiera los recursos necesarios para llevarla a cabo, pagando su precio. Se acabó el problema. ¿O no?
Es aquí donde entra en escena el Teorema de Coase. Según sus postulados, la posibilidad de que las cosas ocurran de la manera descrita arriba depende de varias condiciones. Son condiciones meta económicas que, creo yo, pueden considerarse jurídicas e institucionales.
En efecto, en primer lugar, se requiere de una definición clara y específica de los “derechos de propiedad”. Supóngase que un grupo de personas creen que serían muy competitivos en la industria forestal. Entre otras cosas, para emprender ese negocio, tendrían que conseguir determinados derechos sobre una extensión de tierra. Si en el mercado en el que actúan existen leyes e instituciones que, efectivamente, organizan o gestionan registros públicos en los que se especifican con claridad los alcances y límites de los derechos de propiedad sobre la tierra (en este ejemplo), nuestros emprendedores están ante un “buen comienzo”.
Pero eso no basta. Es indispensable que esos derechos claros y específicos sobre la porción de tierra que necesitan sean libremente disponibles. Si el propietario de la tierra tuviera cualquier tipo de limitación para disponer de sus derechos ¿cómo podrían concluir él con aquellos empresarios una negociación sobre un recurso necesario para su futura empresa forestal? Si el caso fuera que, también esta condición se cumple, la negociación podrá seguir adelante.
Pero hay más. Los costes de transacción. Se trata, en general, de la información necesaria para poder negociar, del propio proceso de negociación y, por último, de las probabilidades de que los derechos y obligaciones creados por el contrato, si no se cumplieran voluntariamente, puedan hacerse valer con facilidad y prontitud por jueces independientes cuyas decisiones sean razonablemente predecibles.
Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si en ese mercado no hubiera un catastro de tierras confiable ni un registro público en donde aparezca todo lo que pueda incidir en el precio de la propiedad buscada (hipotecas, anotaciones de demanda, servidumbres u otras limitaciones) o si las probabilidades de hacer valer el contrato en caso de un incumplimiento de la otra parte son bajas o nulas, el negocio no se concretará.
Pero ¿qué importa que ese negocio no se realice? Pues, volviendo al principio, esa tierra, como recurso económico, no quedará en manos de quienes pudieran haberla aprovechado con mayor fruto.
Y, ¿eso que importa, más que al vendedor y a los compradores frustrados? Pues, realmente, importa a todo el conglomerado social. A unos de sus miembros más directamente, a otros, indirectamente.
En efecto, aquellos empresarios frustrados seguramente hubieran contratado uno o más préstamos para desarrollar la plantación forestal. Con los intereses que pagaran al banco, éste remuneraría a los ahorristas que allí hayan depositado sus ahorros. La empresa hubiera contratado trabajadores, asesores y profesionales y, al ser remunerados, todos ellos pagarían impuestos y consumirían una importante variedad de productos y servicios prestados por terceras personas. La plantación forestal requeriría de diversos insumos, desde fertilizantes hasta irrigación y, llegada su fase de producción, sería indispensable contar con los elementos propiamente industriales y servicios de bodega, transporte, de energía y un largo etcétera.
Si el frustrado vendedor de la tierra terminara quedándose con ella debido a que los costes de transacción eran demasiado altos, posiblemente muchas de esas actividades económicas se perderían.
Esto parece lógico pues el hecho de que el propietario original de la tierra estaba dispuesto a venderla por un precio que los emprendedores estaban dispuestos a pagar es, en principio, indicativo de que ellos esperaban sacarle a ese recurso económico mayor provecho.
En pocas palabras, esta transacción hubiese acercado la economía, en alguna medida, a un mayor nivel de eficiencia.
Cuando las transacciones económicas que dejan de realizarse porque algunas de las condiciones señaladas por el profesor Coase no se cumplen total o parcialmente, la asignación de recursos deviene ineficiente y todo el conglomerado social se empobrece en alguna medida.
En lo que a Guatemala se refiere, hay una infinidad de derechos de propiedad (no solamente sobre la tierra) que no están claramente especificados y sus límites son inciertos (dando lugar, por ejemplo, a conflictos como el existente entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán). Muchos derechos de propiedad no están libremente disponibles, puesto que ciertas reglas limitan su transmisión (como en el caso de ciertas parcelas de tierra adjudicadas por el Estado a campesinos sin recursos o, también, en cuanto a las áreas sujetas a algún régimen de protección ambiental o de los bienes que integran el llamado patrimonio cultural, etc.)
Los costes de transacción en Guatemala son sumamente altos pues la información públicamente accesible sobre diversos tipos de derechos (de propiedad inmueble, de propiedad intelectual, de índole comercial y de valores mobiliarios, etc.) muchas veces no está disponible, está desactualizada o es inexacta.
Pero el coste de transacción más alto, por mucho, es el de hacer valer los derechos cuando las obligaciones respectivas no se cumplen voluntariamente. De acuerdo con el ya extinto informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, Guatemala obtuvo un puntaje de 86.8 sobre 100 respecto de la facilidad con que se abre un nuevo negocio, pero de tan solo 34.5 sobre 100 respecto de la facilidad con que se hace valer un contrato comercial. Esto desalienta la concreción de innumerables transacciones económicas, de manera que igual número de recursos dejan de asignarse eficientemente.
En definitiva, hay muchas reformas por implementar en términos de las condiciones del Teorema de Coase para lograr una más eficiente asignación de recursos en la economía de Guatemala. Esto, es de beneficio para todos.
