La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, junto a su abogado defensor, Elvyn Díaz, expusieron en una vista pública y ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la solicitud de antejuicio en contra de la juzgadora es ilegítimo y solo buscan entorpecer su función jurisdiccional, asimismo, se deje sin efecto la resolución da trámite a dicha acción en su contra.
«Existe una vulneración a la garantía de imparcialidad e independencia que impone la institución del juez natural por la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando emitió la resolución de fecha 1 de julio de 2020 que da trámite al antejuicio contra la jueza Aifán», dijo el abogado defensor de la juzgadora, Elvyn Díaz.
Agregó que no se observó por parte de la CSJ el procedimiento que establece la Ley del Organismo Judicial para integrar el mismo.
Por su parte, la jueza Aifán indicó que la resolución antes mencionada, «vulneró materialmente el principio de legalidad contenido en los artículos 203 de la Constitución Política y 17 del Código Procesal Penal».
Aifan indicó que la CSJ no escribe las acciones concretas al señalar el tiempo, modo y lugar ni señala o individualiza a los magistrados de las salas de Apelaciones que dice haber sido afectados por las resoluciones que emitió en su calidad de jueza, «lo que hace que esto carezca de un control de legalidad», dijo.
«Consideramos que la Corte Suprema de Justicia violenta ese principio de legalidad, porque existe una desconexión entre las constancias procesales y lo finalmente resuelto en dicha Corte», agregó la togada.
Citó lo indicado por la Magistrada Delia Dávila en el voto razonado y emitido dentro de ese expediente de antejuicio en su contra, en el que en lo conducente señala que, «no se puede basar una denuncia en mi contra en una fotocopia de un informe parcial que contiene diligencias de investigación remitidas por el MP sin evidencia con actuaciones judiciales que me relacionen», dijo Aifán ante los Magistrados de la CC.
La jueza aseguró que lo indicado por el Instituto de Magistrados de Apelaciones en su contra es falso y tiene como único fin, «entorpecer el desarrollo de mi función jurisdiccional», y agregó que en el informe de solicitud de antejuicio en su contra, realmente no menciona su nombre y el del juzgado que dirige, sino solo investigaciones realizadas por el MP por orden de la CC.
Por tal razón, pidió a los magistrados de la CC, dejar sin efecto el antejuicio en su contra y hacer cumplir las medidas cautelares a su favor emitidas por la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2019.
