• 22 de October de 2020

ACEFALÍA (IV)

 ACEFALÍA (IV)

Estando vigente la Constitución de la República de Guatemala decretada en 2 de febrero de 1956, ocurrió el asesinato del Presidente Carlos Castillo Armas el 26 de julio de 1957.

La muerte de un Presidente de la República en ejercicio de su cargo no fue ninguna novedad en nuestra historia Patria, porque en el ejercicio del cargo fallecieron los presidentes Justo Rufino Barrios, en acción bélica; José María Reina Barrios, asesinado, y el Vicepresidente en funciones José Gregorio Salazar, a manos de una turba durante un desorden público. (Héctor Gaitán, Los presidentes de Guatemala. Historia y anécdotas, (1992), páginas 19 y 20).

De la muerte del coronel Carlos Castillo Armas y del proceso seguido de cara a la sucesión presidencial, nos da cuenta con el historiador político Francisco Villagrán Kramer, de quien copio este pasaje.

«La noche del crimen fue azarosa y pletórica de emociones y congoja para los partidarios y amigos del Coronel Castillo Armas. […]. Quienes, pese a pena y tragedia contribuyeron a encausar los más sensitivos problemas fueron la viuda del Presidente asesinado, Señora Odilia Palomo de Castillo y el Secretario General de la Presidencia, Lic. Mario Efraín Nájera Farfán. En momentos en que algunos de los miembros de la Liberación e incluso del gobierno hablaban que para seguridad del gobierno debería instalarse una Junta Militar presidida por el ministro de la defensa […] e integrada con otros altos jefes militares, el Licenciado Nájera Farfán, con energía y convicción, insistió en que se siguiera la vía constitucional y, sin tardanza, puso en movimiento el proceso de sucesión constitucional.

Se recordaba que a raíz de la muerte del Presidente José María Orellana –el 26 de septiembre de 1926— se procedió a la acción inmediata de carácter legal dándole posesión al Primer Designado a la Presidencia, General Lázaro Chacón, lo que obstruyó las soluciones de hecho que por lo general se presentan en estos momentos como las “más lógicas”. Años después, –el 10 de diciembre de 1930, al constatarse el impedimento del General Chacón para ejercer la presidencia—, fue precisamente la demora en seguir el camino constitucional lo que repercutió adversamente, al grado que el designado que luego tomó posesión, Lic. Baudilio Palma, no sólo fue inestable desde el principio por esa razón, sino que quedó expuesto a la deslealtad de algunos jefes militares, entre ellos, el General Manuel Orellana C., quien propició, no un golpe de Estado sino el cuartelazo que interrumpió por corto tiempo el orden constitucional liberal instituido en 1877.

La tenacidad del Secretario General de la Presidencia, unida a la firme disposición de quien presidía la Comisión Permanente del Congreso, Licenciado don Federico Carbonell Rodas, de larga trayectoria cívica, les infundió confianza a los otros miembros del gobierno y a los Diputados que estaban presentes en casa Presidencia. […] La Comisión Permanente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias e inmediatamente se prepararon los proyectos de derechos requeridos por la Constitución de 1956. Primero, la formal instalación del Congreso; luego, el Decreto 1191 llamando al Primer Designado, Luis Arturo González López a ejercer la Presidencia de la República y convocando a elecciones presidenciales dentro del término de cuatro meses sin especificar fecha. Por último, el Decreto ejecutivo, que establecía el Estado de Sitio en toda la República, que sin demora firmó el Designado. Los tres decretos quedaron aprobados en las primeras horas del día veintisiete de julio.

Le correspondió al presidente provisional González López enfrentar la situación que generó el asesinato del jefe y caudillo de la Liberación. De inmediato confirmó como miembros del gabinete a quienes la noche anterior eran Ministros de Castillo Armas […]. Acto seguido, presidió las exsequias (Sic) del presidente asesinado y el pueblo conoció un nuevo término: magnicidio.» (Francisco Villagrán Kramer, Biografía Política de Guatemala, los pactos políticos de 1944 a 1970, FLACSO, 2ª Edición, 1993, páginas 292-293).     

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